Este viernes, Singapur ejecutó a dos personas condenadas por tráfico de drogas y dejó en 18 las ejecuciones registradas en 2026, por encima del récord de 17 comunicado el año pasado por organizaciones no gubernamentales y Naciones Unidas. El nuevo máximo llegó apenas cuatro días después de que expertos de la ONU pidieran al Gobierno singapurense frenar lo que describieron como un “uso ilegal” de la pena de muerte en delitos vinculados a drogas y decretar una moratoria.
La agencia antinarcóticos señaló que los últimos ejecutados eran un ciudadano singapurense de 68 años y un ciudadano malasio de 34, aunque no reveló sus identidades ni detalló las cantidades de droga implicadas. Las autoridades afirmaron que ambos contaron con representación legal y que sus solicitudes de clemencia al presidente de Singapur fueron rechazadas, en una defensa oficial que choca con las críticas de expertos internacionales y organizaciones de derechos humanos sobre esta práctica.
Con estas dos ejecuciones, el país suma en 2026 a 13 ciudadanos singapurenses y cuatro malasios ahorcados, además de un hombre de 79 años identificado por las autoridades como apátrida. Singapur mantiene una de las legislaciones antidrogas más estrictas del mundo, con pena capital para determinados casos de tráfico, incluidos los que superan 500 gramos de cannabis o 15 gramos de heroína, en medio de una creciente alerta internacional por el endurecimiento de esta política y la falta de información pública sobre la mayoría de los condenados.