La Operación Onco14, desarrollada en Santiago como una extensión de Operación Cobra, volvió a poner bajo la lupa el manejo de fondos y servicios ligados a SeNaSa. De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, en el Instituto Oncológico Regional Cibao (IORC) funcionó un esquema atribuido a Héctor Antonio Lora Cruceta, Luisa Yasires Guzmán y Dilcia Vargas Sánchez, en el que dosis de medicamentos de alto costo se facturaban completas al seguro, pero eran retenidas o entregadas a medias a los pacientes.
La investigación afirma que, tras el cambio de administración en el centro, se hallaron almacenes con medicamentos de alto costo valorados en más de RD$3 millones, retenidos de manera deliberada. El documento señala que esos fármacos no se distribuían porque, al ser donados o asignados de forma directa, no generaban el margen de ganancia ni las facturaciones alteradas remitidas a SeNaSa, un contraste que agrava el impacto sobre pacientes que dependían de esos tratamientos.
El expediente añade otras irregularidades atribuidas al grupo, entre ellas la asignación de gastos de representación de cientos de miles de pesos libres de impuestos por funciones que debían ser honoríficas. En el caso de Lora Cruceta, se menciona una asignación mensual de RD$600,000 bajo ese concepto. Las autoridades vinculan el caso a un perjuicio preliminar estimado entre RD$6,000 y RD$15,000 millones en la trama destapada por Operación Cobra, y con ello se reaviva la presión por rendición de cuentas y vigilancia efectiva sobre instituciones que administran recursos esenciales de salud.