El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha forjado su imagen pública como combatiente de la corrupción y defensor de la población, con un relato centrado en la gran cantidad de prisioneros de organizaciones criminales y en los castigos adicionales impuestos tras las protestas en las cárceles. Ese perfil le ha otorgado prestigio y lo ha convertido en referencia para muchos países.
No obstante, sus intervenciones públicas suelen poner el acento en la victoria contra el pandillerismo, mientras queda en un segundo plano el avance de las acciones destinadas a lograr sentencias contra funcionarios y gobernantes anteriores por corrupción. Esa omisión adquiere relevancia porque el propio Bukele afirmó que el dinero público no alcanza para el progreso del país si hay quienes se lo están robando.
A la par, han empezado a circular reportajes que sostienen que Bukele estaría beneficiando a familiares y amigos políticos con proyectos y acuerdos monetarios del país. Esas acusaciones reavivan la demanda de vigilancia sobre el uso de los recursos públicos y presionan la coherencia entre el discurso oficial contra la corrupción y las prácticas que ahora se le atribuyen.