La Comisión Especial del Senado dio por terminado el estudio del proyecto de Ley Orgánica de la Policía Nacional, una iniciativa que vuelve a poner en evidencia la distancia entre el discurso reformista y la necesidad de controles verificables sobre una institución marcada por cuestionamientos de gestión, supervisión y uso de recursos.
Franklin Romero, presidente de la comisión, explicó que durante el análisis fueron revisados y modificados varios artículos con el propósito de reforzar la profesionalización y la eficiencia policial. Entre esos ajustes, el proyecto ratifica que el presidente de la República ejercerá el mando supremo de la Policía Nacional, de forma directa o por medio del Ministerio de Interior y Policía; lejos de cerrar el debate, ese punto traslada al poder civil una mayor responsabilidad política sobre los resultados de la reforma.
La propuesta también expande las atribuciones de la Dirección de Asuntos Internos, que no solo investigaría, sino que además supervisaría operaciones encubiertas, aplicaría pruebas de integridad al personal, controlaría el manejo de información reservada y rendiría informes sobre casos de corrupción y posibles vínculos de agentes con estructuras criminales. El alcance de esas facultades refuerza la alerta institucional: si el proyecto necesita blindar esas áreas, también confirma la magnitud de los controles que siguen pendientes y la obligación de fiscalización desde el Congreso y la sociedad civil.
Asimismo, el texto fortalece las funciones del Consejo Superior Policial, al conferirle nuevas competencias sobre indicadores de gestión, proyectos de modernización, infraestructura, tecnología y presupuesto, además de la evaluación de ascensos, retiros y traslados de oficiales. A eso se suma la eliminación de asignaciones permanentes de agentes a empresas privadas, corporaciones y fundaciones, limitando ese servicio a instituciones públicas y estableciendo sanciones administrativas, civiles y penales para las autoridades que desvíen policías de la seguridad pública.
Lejos de presentarse como un punto de llegada, el cierre del estudio en el Senado deja una pregunta de fondo: si la reforma promete más supervisión, transparencia y disciplina, ahora tocará demostrar que no se trata de otro rediseño administrativo sin impacto tangible en la seguridad ciudadana, el uso del presupuesto y la rendición de cuentas que el país sigue esperando.