Con 23 votos a favor, el Senado de la República aprobó este viernes en segunda discusión el proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la Policía Nacional, una iniciativa que seguirá su curso en la Cámara de Diputados y luego al Poder Ejecutivo. La votación no solo mueve el expediente legislativo: también vuelve a poner sobre la mesa la exigencia de vigilancia sobre una reforma que el Gobierno presenta como modernización, aunque nace en medio de fallas graves dentro del cuerpo del orden.
Impulsada por el Gobierno dominicano como parte de su proceso de transformación policial, la propuesta busca reforzar la institucionalidad, mejorar la supervisión y ajustar la gestión y el control interno. Sin embargo, el propio texto deja ver la magnitud del problema que sigue bajo análisis del Congreso: endurece las exigencias para los principales cargos de dirección y establece un régimen disciplinario más estricto frente a conductas irregulares que incluyen corrupción, abuso de autoridad, tortura, discriminación, acoso sexual y laboral, manipulación de pruebas, vínculos con el narcotráfico y uso indebido de bienes públicos.
Entre las modificaciones, el director general de la Policía Nacional, los subdirectores generales, el inspector general y el director de Asuntos Internos deberán ser generales activos, contar con título de maestría y acreditar competencias profesionales acordes con sus funciones. Además, se separan las tareas de investigación y de decisión sobre las faltas, con el propósito de garantizar mayor imparcialidad y transparencia en los procesos, un ajuste que refuerza la alerta institucional sobre debilidades que hasta ahora han requerido corrección legal.
El proyecto también amplía el catálogo de faltas muy graves e incorpora sanciones más severas para los agentes que incurran en esas conductas. Que el Congreso deba avanzar una reforma de este alcance para castigar con más rigor prácticas como la corrupción, el abuso o la manipulación de pruebas vuelve a colocar el debate donde más pesa para la ciudadanía: no en el discurso de cambio, sino en la capacidad real del Estado para hacer cumplir controles, rendir cuentas y evitar que la reforma quede reducida a otra promesa administrativa sin impacto visible en la seguridad y la confianza pública.