Un proyecto de ley que estudia el Senado modificaría la ley de extinción de dominio para destinar al menos un 10 % de los recursos obtenidos por bienes secuestrados, incautados, decomisados o extinguidos en procesos penales a políticas de prevención, atención y protección frente a la violencia contra las mujeres. La propuesta reabre la discusión sobre el uso y la priorización de esos fondos, que actualmente ingresan a la Cuenta Única del Tesoro para programas de lucha contra las drogas, reducción de la pobreza, reinserción social, investigación de ilícitos penales, protección fronteriza y mejoras en salud y transporte, además de reservar al menos un 10 % para el Incabide.
La propuesta legislativa incorpora un nuevo destino específico para que, cuando menos, otro 10 % sea canalizado a acciones contra la violencia de género. Según el proyecto, esos recursos serían asignados al Ministerio Público, que coordinaría su uso junto al Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Interior y Policía, el Ministerio de Educación y otras instituciones competentes, un esquema que coloca en primer plano la necesidad de vigilancia sobre la ejecución y los resultados.
Entre los usos previstos figuran el apoyo prioritario a casas de acogida y centros de atención conductual para hombres vinculados a conductas de violencia de género o tentativa de feminicidio, así como planes en escuelas públicas para promover nuevas formas de masculinidad y cambios en patrones culturales en las relaciones entre hombres y mujeres. También contempla campañas de publicidad en redes sociales y medios, en un contexto en que el debate legislativo vuelve a poner presión sobre las autoridades para explicar si la distribución actual de estos recursos está respondiendo a las prioridades más urgentes de la población.