Un tribunal de Santiago impuso penas de entre 10, 6 y 5 años de prisión a los cabecillas de una estructura de crimen organizado dedicada al tráfico de armas de fuego de alta potencia, en un expediente que vuelve a poner bajo la lupa la capacidad de control frente a redes ilegales con base de operaciones en territorio dominicano.
Según lo ventilado en justicia, las armas ingresaron al país de contrabando y la organización tenía su centro de operaciones en una localidad del municipio Licey al Medio. Formaban parte del grupo Hornandys Emmanuel Cruz Almonte, Samuel Ramón Guaba Caraballo, César Emilio Toribio Vázquez, Félix Francisco Vásquez Peralta, Rosalba María Estrella López y Marcos de Jesús Diplán Diplán, señalados por asociación de malhechores para traficar, almacenar y distribuir de manera ilegal armas de fuego y otros pertrechos.
La decisión judicial representa una respuesta del sistema de justicia, pero también resalta el contraste entre el discurso de control y la realidad de una red que logró introducir armamento de contrabando y obtener recursos económicos de esa comercialización. Las penas deberán cumplirse en varios centros del Cibao, mientras el caso deja abierta la exigencia de vigilancia y fiscalización sobre cómo una operación de esta naturaleza pudo sostenerse hasta llegar a los tribunales.