La inclusión de la República Dominicana en una investigación de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) sobre prácticas laborales en las cadenas de suministro volvió a colocar bajo escrutinio la respuesta oficial en materia de prevención del trabajo forzoso. Aunque el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) expresó su respaldo a las gestiones del Gobierno, el proceso reaviva la necesidad de seguimiento institucional ante un señalamiento que alcanza al país.
El gremio empresarial sostuvo que el anuncio de la USTR no es una acción exclusiva contra la República Dominicana, sino parte de una pesquisa más amplia que abarca a más de 60 países, y afirmó que no se trata de una acusación directa. Aun así, la reacción del CONEP se produce después de que la USTR incluyera al país y a varias naciones de América Latina en una investigación bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, en un informe que señala supuestas deficiencias en la prevención del trabajo forzoso.
CONEP indicó que el Gobierno ha mantenido un diálogo activo y continuo con las autoridades estadounidenses, en coordinación con los sectores productivos, y reiteró su disposición de colaborar con información e iniciativas. También defendió que la República Dominicana ha mostrado durante años compromiso con los derechos laborales y con los estándares del comercio internacional. No obstante, la apertura de la investigación mantiene sobre la mesa el contraste entre esa defensa y las inquietudes planteadas desde Estados Unidos, en un escenario que obliga a rendición de cuentas y seguimiento a los resultados de la gestión oficial.