República Dominicana figura en el indicador de que el hambre dejó de prevalecer según un informe respaldado por especialistas en alimentación, un resultado que la FAO vincula con el compromiso social del Gobierno, el campesinado productivo y grupos organizados contra la desnutrición. Aun así, la lectura como triunfo no cierra la discusión: más bien obliga a revisar si el relato oficial refleja la realidad alimentaria que todavía viven amplios sectores.
El propio enfoque del documento señala que superar en términos estadísticos la pobreza alimentaria en su nivel más básico no es suficiente. Siguen presentes daños sociales asociados a ingestas insuficientes o de baja calidad, mientras la obesidad —también una forma de malnutrición— aparece como un desafío en la población infantil. A ello se suma la exposición de familias a alimentos ultraprocesados y la falta de información suficiente sobre sus efectos, en un entorno en el que esos productos desplazan opciones saludables.
La advertencia institucional principal se concentra en el costo de la vida. El mismo análisis apunta que salarios mínimos promedio por debajo del ingreso necesario para asumir ese costo pueden estar empujando a una parte importante de la población a dificultades para sostener una alimentación adecuada y constante, sobre todo cuando suben los precios. En ese contraste entre celebración y carencias cotidianas queda abierto el punto central de rendición de cuentas para Luis Abinader y el Gobierno dominicano: convertir un avance reconocido en resultados estables para las familias, y no en una meta estadística desconectada de su mesa.