La República Dominicana permanece muy próxima al límite superior de una economía moderadamente dolarizada, según el criterio que relaciona la proporción de depósitos en dólares con los medios de pagos ampliados de la oferta monetaria (M3). De acuerdo con los datos del Banco Central citados en el texto, esa relación se situó en 27.6% en junio de 2026, un nivel que coloca el tema en el terreno de la fiscalización sobre la gestión económica y la capacidad institucional para contener riesgos.
El proceso de dolarización, entendido como el uso de una moneda extranjera para funciones de reserva de valor, unidad de cuenta y medio de cambio, suele intensificarse cuando persisten temores por depreciación, inflación o incertidumbre económica. Aunque el texto señala que en el caso dominicano el uso extendido del dólar no implica necesariamente una crisis del peso y lo vincula con una economía más integrada por turismo, remesas, exportaciones e inversión extranjera, también admite que esa dinámica expone más al país a salidas de capitales y complica la política monetaria.
Esa tensión entre integración externa y mayor vulnerabilidad deja abierta una alerta institucional sobre los resultados de la conducción económica: mientras crece la presencia del dólar en decisiones financieras y en la denominación de activos, bienes u obligaciones, aumenta la necesidad de rendición de cuentas sobre cómo se protege la estabilidad. En ese escenario, la discusión trasciende lo técnico y toca la prioridad ciudadana de preservar ahorro, precios y capacidad de respuesta del Estado ante choques externos.