La querella por presunta difamación e injuria interpuesta por Roberto Fulcar contra Ángel Martínez volvió este miércoles a colocar bajo revisión pública señalamientos que tocaron al entorno político del PRM. A la salida de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional, Martínez dijo que intenta llegar a un acuerdo con el exministro, en un proceso que sigue abierto mientras persisten preguntas sobre el alcance de las acusaciones lanzadas contra quien fue coordinador de la campaña oficialista de 2020.
La audiencia conciliatoria fue aplazada para el 19 de agosto, luego de que el abogado de Martínez, Julio César Paredes, explicara que solicitó el expediente para conocerlo y preparar la defensa. El jurista sostuvo además que existe intención de buscar una solución interna del conflicto y que las declaraciones de su cliente pudieron haber afectado de manera inintencionada a Fulcar. El expediente mantiene en primer plano que Martínez, condenado ya en dos casos por difamación e injuria, afirmó que Fulcar recibió dinero de personas vinculadas al narcotráfico.
Aunque ahora la defensa habla de suavizar el caso y de una posible salida acordada, el proceso vuelve a exponer el contraste entre la gravedad de denuncias que rozan al oficialismo y la necesidad de que las instituciones ofrezcan claridad, en un escenario donde la rendición de cuentas sigue siendo una demanda central frente al desgaste político del PRM.