SANTO DOMINGO. – La presentación de un proyecto de ley para proteger datos personales volvió a poner sobre la mesa una inquietud que ya golpea a los ciudadanos: hasta dónde puede responder el Estado frente a fraudes, suplantaciones de identidad y contenidos falsos generados con inteligencia artificial. La propuesta, sometida por el diputado Vicente Sánchez, presidente de la Comisión de Tecnología de la Información y Comunicación (TIC) de la Cámara de Diputados, busca actualizar el marco jurídico dominicano y crear una Agencia Nacional de Protección de Datos Personales encargada de supervisar el cumplimiento de la normativa y coordinar respuestas ante vulneraciones de datos y nuevas amenazas digitales.
El texto legislativo parte de una advertencia institucional: el uso cada vez mayor de herramientas de inteligencia artificial para fabricar y propagar contenido falso, entre ellos los “deepfakes”, que pueden hacer ver a una persona diciendo o haciendo algo que nunca ocurrió. Sánchez sostuvo que este tipo de materiales puede dañar reputaciones, manipular la opinión pública, facilitar fraudes y afectar derechos fundamentales, en un escenario que refuerza la necesidad de mecanismos de denuncia, defensa y fiscalización sobre el manejo de la información personal.
Más allá del anuncio, la iniciativa abre una discusión sobre la velocidad y la eficacia con que las instituciones pueden proteger a la población frente a amenazas digitales cada vez más difíciles de detectar. Según el proyecto, la creación de un organismo especializado apunta precisamente a cubrir esa necesidad de supervisión y respuesta, en medio de una realidad que el propio texto describe como cada vez más preocupante.