La suscripción de un acuerdo entre Pro Consumidor y la Asociación del Ecosistema de Crédito y Cobranza de la República Dominicana (COB-RD) volvió a colocar sobre la mesa una queja que ya acumulaba reclamos frecuentes de los consumidores: llamadas molestosas e insistentes y cobros dirigidos a personas sin responsabilidad en las deudas.
El convenio, firmado este martes en la sede de Pro Consumidor, obliga a las empresas integradas en COB-RD a detener esas prácticas y a adecuar la gestión de cobros compulsivos y judiciales a la legislación dominicana. En el acto, el director ejecutivo de la institución, Eddy Alcántara, indicó que la iniciativa busca establecer reglas claras para exigir el cumplimiento a quienes tienen obligaciones financieras sin trasladar las consecuencias a terceros ajenos, mientras las compañías de cobranza deberán actuar dentro de los límites legales y preservar la integridad y la dignidad de las personas deudoras.
Además, el pacto dispone que los embargos retentivos se ejecuten conforme a los procedimientos procesales previstos en la ley y fija como referencia que una misma medida no exceda los diez embargos retentivos en un mismo acto. Más que un anuncio aislado, la medida deja abierta la exigencia de fiscalización sobre su cumplimiento, en un escenario en que las denuncias ciudadanas ya habían obligado a intervenir para corregir prácticas que, pese al discurso de protección, seguían afectando a consumidores.