La actividad legislativa del Congreso Nacional se ha transformado en un punto de desgaste para el Partido Revolucionario Moderno (PRM), no solo por las críticas a normas aprobadas con premura, sino también por el contraste entre la promesa oficial de independencia y una práctica parlamentaria que vuelve a poner al oficialismo frente a exigencias de rendición de cuentas.
El episodio más reciente fue la entrada en vigor de la Ley 74/25, que modifica el Código Penal. Luego de una cascada de cuestionamientos por disposiciones que inciden en la libertad de expresión y en el ejercicio de la medicina, el Congreso terminó comprometiéndose a cambiar 18 artículos antes de que la pieza comience a regir el 3 de agosto de este año. En esa misma discusión, los legisladores del PRM también dejaron sin cumplir la promesa de campaña de despenalizar el aborto en tres causales.
La dinámica se repite en otras iniciativas impulsadas o respaldadas por la mayoría oficialista. Las modificaciones a la Ley 225-20 sobre residuos sólidos se aprobaron de urgencia pese a las críticas y al rechazo de la mayoría de las organizaciones empresariales. A eso se sumó, en apenas una semana, la aprobación de la Ley 30/26, conocida como ley ancrisis, sometida por el Poder Ejecutivo, cuya rapidez generó cuestionamientos de distintos sectores de la opinión pública por el impacto de una reforma que eleva impuestos en medio de la presión económica sobre la población.
El Senado también aceleró la aprobación del proyecto de reforma policial después del escándalo y la conmoción social por la muerte del joven Darlin Mercado a manos de un agente de la Policía, aunque la iniciativa llevaba más de seis meses en ese órgano sin que se rindiera el informe sobre el cambio a la Ley de la Policía. Ese viraje volvió a alimentar la alerta institucional sobre un Congreso que reacciona tarde ante los problemas y con rapidez cuando el costo político ya golpea al Gobierno.
El resultado deja al PRM atrapado por su propio discurso. La organización que cuestionó al PLD por convertir el Congreso en un sello gomígrafo del Poder Ejecutivo enfrenta ahora críticas por decisiones legislativas que refuerzan esa misma imagen, mientras la sociedad civil y la opinión pública encuentran más motivos para vigilar un manejo político que, lejos de ofrecer respuestas consistentes, sigue acumulando señales de desgaste en la gestión y de desconexión con las prioridades ciudadanas.