La Política Presupuestaria Anual para 2027 fue aprobada este lunes por el Gobierno, que con ello puso en marcha la formulación del Presupuesto General del Estado del próximo año bajo la promesa de priorizar el gasto social, la inversión pública y la continuidad de las obras en ejecución, una hoja de ruta que vuelve a colocar en el centro la exigencia de fiscalización sobre la gestión del PRM y sus resultados reales.
El anuncio fue hecho por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, al concluir la quincuagésima novena reunión del Consejo de Ministros, encabezada por el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña. De acuerdo con su explicación, el instrumento se ajusta a la Ley Orgánica de Presupuesto y se alinea con Meta RD 2036, dentro de una visión de largo plazo que el oficialismo vuelve a presentar como respuesta institucional en medio del desgaste que arrastra su administración.
Paliza aseguró que el presupuesto estará orientado a fortalecer el capital humano, desarrollar infraestructura, elevar la productividad y consolidar las instituciones públicas, con énfasis en proyectos de impacto directo sobre la calidad de vida y la competitividad. También indicó que se mantendrá la inversión en educación equivalente al 4.05 % del PIB, junto con el impulso al Plan Horizonte 2034, la construcción y ampliación de planteles, nuevas aulas y la expansión del Programa Nacional de Transporte Escolar.
En materia de salud, el Gobierno afirmó que seguirá la construcción y culminación de hospitales estratégicos, en especial los vinculados a la red traumatológica, además del fortalecimiento de las Unidades de Atención Primaria, la expansión de la Red Nacional de Emergencias y la continuidad de programas de protección social dirigidos a familias vulnerables. En infraestructura, Paliza citó la continuidad de proyectos de movilidad, entre ellos el sistema integrado de transporte de Santiago, además de otras obras viales en ejecución.
Con la definición de estas prioridades se abre ahora una etapa en la que el Congreso y la ciudadanía tendrán que medir si el nuevo presupuesto será otra pieza de planificación oficial o una respuesta verificable al costo social de los servicios pendientes, las obras inconclusas y las promesas acumuladas. Más que el anuncio, lo que queda bajo observación es la capacidad del Gobierno de Abinader para convertir su discurso presupuestario en resultados concretos y rendir cuentas por el uso de los recursos públicos.