La presentación del acuerdo denominado “Santiago Ciudad Viva 2035” ha puesto bajo la lupa la manera en que se impulsa una nueva propuesta de desarrollo urbano mientras continúan vigentes el Plan Estratégico de Santiago (PES 2030) y el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Santiago (POTSA 2030), ambos aprobados de forma unánime por los 41 regidores del Ayuntamiento de Santiago y reconocidos como instrumentos oficiales de planificación municipal.
Por ahora, no se conoce públicamente ninguna evaluación integral, objetiva y participativa que haya determinado el agotamiento, la insuficiencia o la necesidad de reemplazar esos marcos. Esa ausencia de revisión previa alimenta cuestionamientos sobre las prioridades institucionales y sobre la distancia entre el discurso de planificación y la falta de explicaciones públicas suficientes.
De acuerdo con sus promotores, la iniciativa será presentada en el Auditorio de Ciencias de la Salud de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), con participación de sectores públicos, empresariales, académicos y sociales, y es impulsada por la Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas del Cibao (APROCOVICI). Sin embargo, permanecen vacíos sobre sus documentos técnicos, diagnósticos de referencia, metodologías de trabajo, indicadores de seguimiento, mecanismos de gobernanza, esquemas de financiamiento y su articulación formal con los instrumentos vigentes. Tampoco hay evidencia pública de que haya sido conocida en profundidad por el Concejo Municipal, los diputados de la provincia, el Senado de la República ni por numerosos actores institucionales vinculados históricamente a los procesos de planificación, lo que refuerza la demanda de vigilancia institucional y control ciudadano antes de abrir otro frente de ordenamiento para Santiago.