El PLD volvió a cuestionar los procesos de compra del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), ahora por la adquisición de zapatos escolares, al advertir que las decisiones de la institución podrían perjudicar a fabricantes locales. La denuncia se agrega a señalamientos anteriores sobre contrataciones, adjudicaciones y manejo de suplidores en una entidad clave para la distribución de utilería a estudiantes del sistema público.
El alcance del señalamiento es mayor porque los zapatos escolares integran los kits que reparte el Estado, de modo que cualquier irregularidad o controversia en las licitaciones no solo compromete la transparencia administrativa, sino también la entrega oportuna de esos insumos y la relación de las compras públicas con pequeñas empresas y la industria nacional. Por eso, la oposición pone el foco en el costo institucional y productivo de decisiones que impactan un programa de alto alcance social.
La discusión surge luego de que, en agosto de 2025, la Dirección General de Contrataciones Públicas declarara la nulidad de 25 adjudicaciones del Inabie en una licitación para la confección y adquisición de zapatos escolares para los períodos 2025-2026 y 2026-2027, limitada a renglones con observaciones técnicas y administrativas. Meses más tarde, en marzo de 2026, el Inabie abrió compras complementarias de poloshirts, pantalones, mochilas, kits escolares y zapatos, que, según informó la Presidencia, procuraban subsanar faltantes en las cantidades originalmente previstas.