Keiko Fujimori volverá a disputar por cuarta vez una segunda vuelta presidencial en Perú, esta vez en un escenario atravesado por el desgaste institucional y la desconfianza acumulada tras sucesivos reemplazos en la jefatura del Estado. En las elecciones generales del 12 de abril, la líder de Fuerza Popular consiguió el 17% de los votos, cinco puntos más que Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, y aspirará a imponerse en la votación del 7 de junio.
No solo importa su avance electoral, sino el marco que lo hace posible: los choques entre el Ejecutivo y el Legislativo han terminado en destituciones, votos de censura y renuncias, mientras los escándalos de corrupción presidencial y la fragilidad institucional de los partidos han alimentado un ciclo de inestabilidad en un Congreso muy fragmentado. En ese escenario, la experiencia atribuida a Keiko queda también sometida a una exigencia mayor de fiscalización y rendición de cuentas.
La campaña se desarrolla, además, bajo el peso de una figura política profundamente polarizante. Aunque esta vez compite sin la sombra directa de Alberto Fujimori, a quien el texto identifica como “sepulturero de la democracia peruana”, el debate de fondo sigue siendo si el país hallará estabilidad real o apenas otra salida transitoria en medio de una crisis que ya ha tenido costo institucional y político para los peruanos.