Más que la rentabilidad que aparece en el estado de cuenta, la composición de la cartera de las AFP revela dónde descansa realmente el ahorro previsional. Según el Boletín Estadístico Trimestral 90 de la Superintendencia de Pensiones (Sipen), al cierre de 2025 el sistema administraba RD$1 billón 274,341 millones, distribuidos entre deuda directa y vehículos de inversión colectiva.
Ese mapa, más que cualquier porcentaje aislado, permite medir riesgos, prioridades y niveles de exposición. La mayor señal de alerta está en la concentración. El 76.1% del patrimonio está en renta fija adquirida de forma directa, y dentro de ese bloque el principal emisor es el Ministerio de Hacienda: 57.02% de la cartera corresponde a deuda soberana, es decir, bonos del gobierno. Le siguen el Banco Central, con 7.87%; la banca múltiple, con 7.29%; las asociaciones de ahorro y préstamo, con 1.66%; y las empresas privadas, con 2.23%. Otro 23.86% está en vehículos de inversión colectiva. En la práctica, el estado de cuenta resume en un solo número una estructura mucho más dependiente del sector público de lo que suele percibirse. El propio artículo advierte que “el estado de cuenta muestra un solo número, pero ese número es el resultado final de una cartera con una arquitectura de varios niveles”. Ese contraste entre lo que ve el afiliado y la composición real de su ahorro coloca el foco en la necesidad de mayor fiscalización sobre cómo se invierten los fondos y qué nivel de exposición mantienen frente a emisores estatales.
La discusión, por tanto, no se limita a cuánto rindió la pensión, sino a qué tan transparente y equilibrada es la administración de recursos que pertenecen a los trabajadores.