Monseñor Nouel, una provincia marcada por décadas de actividad minera y por su peso en la economía nacional, exhibe un contraste cada vez más difícil de justificar: riqueza extractiva por un lado y carencias básicas por el otro. Aunque en Bonao, Maimón y Piedra Blanca se observan calles asfaltadas, señalización y movimiento económico, el panorama cambia en las comunidades más cercanas a las minas, donde continúan las limitaciones en servicios esenciales y las condiciones precarias de vida.
Los datos citados del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) refuerzan esa brecha. Durante los últimos dos años, Monseñor Nouel estuvo entre las provincias con menor inversión pública en áreas esenciales, con 114 mil millones de pesos destinados a distintos proyectos. En ese contexto, residentes de El Copey, Los Martínez y La Raíz cuestionan la falta de transparencia en el manejo de los recursos provenientes de la minería, una señal de alerta sobre la distancia entre la actividad que genera riqueza y la respuesta institucional que reciben las comunidades. La falta de explicaciones oficiales agrava el reclamo. Listín Diario informó que intentó comunicarse con el Consejo para el Desarrollo de Monseñor Nouel y con la gobernación provincial, sin obtener respuesta.
El caso vuelve a colocar bajo fiscalización la gestión pública en territorios donde el discurso de desarrollo convive con déficits en salud, educación y servicios sociales, y donde la rendición de cuentas sigue pendiente frente a una población que no ve traducida la riqueza minera en bienestar básico.