La entrada en vigor del nuevo Código Penal abre un frente de presión para el sector construcción, al incorporar nuevas responsabilidades para las personas jurídicas y elevar la exigencia sobre la prevención de riesgos legales dentro de las empresas. En una conferencia organizada por la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de la Vivienda (Acoprovi), especialistas advirtieron que el cambio obliga a revisar procesos internos, mecanismos de supervisión y políticas de prevención.
El doctor en Derecho Miguel Valerio sostuvo que el nuevo marco ya no se limita al conocimiento de la ley, sino que empuja a las empresas a implementar una gestión de cumplimiento capaz de proteger a las organizaciones, sus directivos y sus colaboradores. El planteamiento refuerza una señal de alerta institucional: la adaptación no puede quedar en el discurso, sino traducirse en controles efectivos para reducir exposición penal en una actividad de alto impacto económico y social. La presidenta de Acoprovi, Annerys Meléndez, afirmó que entender el alcance de las nuevas disposiciones será determinante para que las empresas se ajusten con mayor seguridad al marco jurídico.
Como parte de la jornada también se desarrolló el panel “Nuevo Código Penal y sector construcción”, con la participación de Tania de León y John Seibel, en una discusión centrada en responsabilidad penal y gestión de riesgos, un tema que vuelve a colocar sobre la mesa la necesidad de fiscalización y rendición de cuentas en sectores clave.