La entrada en vigor del nuevo Código Penal el 5 de noviembre amplía los escenarios en que las empresas pueden enfrentar responsabilidad penal por hechos cometidos en su nombre o beneficio, un cambio que vuelve a colocar bajo escrutinio los controles internos, la prevención y la gestión de riesgos en el sector privado. Ese alcance fue examinado por la Cámara Británica de Comercio de la República Dominicana (BritChamDR), a través de su Comité Legal, durante la primera edición de BritCham Legal Talks, donde especialistas de los sectores jurídico y empresarial revisaron los criterios para determinar la responsabilidad penal de las personas jurídicas, las posibles sanciones y el papel de los programas de cumplimiento para prevenir y detectar conductas con consecuencias legales.
La discusión incluyó la debida diligencia de terceros y proveedores, las responsabilidades de los órganos de dirección, los canales de denuncia y los protocolos internos de prevención y respuesta. El panel estuvo integrado por Francisco Álvarez, de FAbogados; Ralvin Gross, de Casa Brugal; y Antonia Durán, de EGE Haina, con moderación de Nicole Portes, de OMG.
En ese contexto, Urania Paulino, coordinadora del Comité Legal de BritChamDR, subrayó la importancia de que las empresas conozcan con antelación el alcance del nuevo marco y traduzcan sus disposiciones en medidas concretas, en una señal de alerta institucional que también alcanza al Congreso y a la sociedad civil en la tarea de fiscalizar cómo se aplicará la nueva normativa en la práctica.