El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, arremetió contra la Fiscalía al cerrar su testimonio en el juicio por corrupción que enfrenta en Israel, en una intervención en la que denunció persecución política e insistió en su inocencia.
El caso mantiene a Netanyahu ante acusaciones por fraude, soborno y abuso de confianza, en un proceso que ya trasciende el plano personal y pone bajo examen la fortaleza de las instituciones y la igualdad de las reglas para todos.
La disputa entre el jefe de Gobierno y la Fiscalía reaviva el debate sobre la confianza pública en el sistema de justicia, especialmente cuando se trata de figuras con poder político. En este tipo de procesos, la exigencia institucional es la misma para cualquier ciudadano: que las normas se apliquen sin privilegios ni excepciones.
Netanyahu sostiene que es objeto de una persecución política, pero el expediente judicial continúa abierto y lo mantiene enfrentado a cargos que deberán ser resueltos por la justicia israelí. Mientras tanto, el juicio sigue siendo una prueba de transparencia, credibilidad y control institucional en un caso de alto impacto político.
El desenlace del proceso tendrá implicaciones no solo para el futuro político del primer ministro, sino también para la percepción ciudadana sobre si en Israel las reglas son realmente iguales para todos.