La muerte bajo arresto del líder indígena Brooklyn Rivera volvió a colocar a Nicaragua bajo presión internacional. Estados Unidos anunció este lunes restricciones de visado contra más de 100 funcionarios del Gobierno nicaragüense y sus familiares directos, una decisión que Washington vincula al fallecimiento de un preso político que, según la Casa Blanca, fue abandonado por el sistema judicial.
El Departamento de Estado, bajo la dirección de Marco Rubio, apuntó a operadores políticos del entorno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Entre los señalados figura Lumberto Campbell, magistrado del Consejo Supremo Electoral, a quien la diplomacia estadounidense atribuye participación directa en la denegación de asistencia médica básica para Rivera, detenido por la policía en septiembre de 2023 y afectado por un grave deterioro de salud.
Según el reporte oficial emitido desde Washington, las autoridades nicaragüenses mantuvieron aislado al dirigente durante su detención y confirmaron su muerte solo después de su traslado de urgencia a un centro hospitalario de Managua. Con este nuevo paquete, el cerco diplomático supera ya las 2,350 suspensiones de visado, un dato que refuerza el costo institucional de una crisis marcada por denuncias de violaciones sistemáticas de derechos humanos y por nuevas exigencias de rendición de cuentas sobre el manejo del poder en Managua.