El elevado número de muertes vinculadas al uso de motocicletas vuelve a colocar bajo escrutinio la capacidad del Estado para controlar el tránsito y proteger a la población. Si, como se plantea, el 70% de las fatalidades viales en República Dominicana está asociado a este medio de transporte, la continuidad de correctivos débiles solo prolongaría una crisis de seguridad vial con altos costos humanos y económicos.
En ese contexto, cobra fuerza la propuesta de paralizar por algún tiempo la importación de ciclomotores de baja cilindrada, presentada como una salida extrema ante la falta de respuestas eficaces. El planteamiento se sostiene en un cuadro descrito como de impunidad casi total, calles convertidas en tierra de nadie y un vacío de autoridad que ha dejado al Estado sin capacidad de contener una de las principales fuentes de siniestralidad.
Incluso sin llegar a una medida tan radical, el debate deja en evidencia la ausencia de controles previos suficientes sobre quienes acceden a este tipo de vehículos. La discusión también apunta a la debilidad institucional de la Digesett, señalada como incapaz de responder con sus actuales potestades, número de agentes y medios de desplazamiento. El resultado es un contraste cada vez más visible entre la obligación oficial de ordenar el tránsito y una realidad en la que siguen acumulándose víctimas, gastos para el Estado y una demanda pendiente de acciones contundentes.