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Ley 74-25 enciende cuestionamientos sobre el alcance del nuevo Código Penal y sus efectos en la prensa

junio 30, 2026 · Redactor
Ley 74-25 enciende cuestionamientos sobre el alcance del nuevo Código Penal y sus efectos en la prensa
Foto: elnuevodiario.com.do

La aprobación de la Ley 74-25 vuelve a poner bajo la lupa artículos que; bajo el discurso de regulación, podrían terminar afectando la labor periodística y la libertad de expresión.

La sanción de la Ley 74-25, que establece el nuevo Código Penal, ha vuelto a encender una alerta sobre la manera en que el Congreso dominicano y el oficialismo están legislando desde el poder: con una narrativa de regulación que, en la práctica, puede terminar incidiendo en el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión.

El debate, por sí solo, deja un contraste difícil de soslayar. De acuerdo con el texto, legisladores del partido oficialista avalaron un Código Penal que hoy pone en riesgo herramientas de denuncia y fiscalización pública que antes emplearon de forma amplia desde la oposición en medios digitales, radio y televisión. La interrogante que queda abierta es política e institucional al mismo tiempo: qué cambió entre exigir libertad para cuestionar y aprobar ahora normas que podrían restringirla.

Uno de los puntos más delicados aparece en la Sección II, relativa a infracciones contra las personas mediante imágenes, audios y montajes. El artículo 192 fija penas de seis meses a un año de prisión menor, además de multas de uno a dos salarios mínimos del sector público, por difundir imágenes o audios sin consentimiento. Aunque la protección de la privacidad responde a un fin legítimo, la preocupación se concentra en una redacción que, como señala el texto, no diferencia con suficiente claridad entre el ejercicio profesional del periodismo, respaldado por principios éticos y normas legales, y la publicación de contenidos en redes sociales por usuarios particulares.

Ese vacío técnico no es menor. Cuando una ley combina la necesidad de frenar excesos con disposiciones que podrían alcanzar a medios y periodistas, el costo social deja de ser abstracto: se compromete el derecho ciudadano a estar informado y se debilita una función esencial de control sobre el poder. Más que cerrar el debate, la Ley 74-25 refuerza la demanda de vigilancia pública y de rendición de cuentas a un Congreso que, según la crítica recogida, vuelve a exhibir falta de visión en un asunto central para la institucionalidad democrática.