La Ley 30-26, parte del plan fiscal, tendrá un impacto desigual en el sector asegurador y no resolverá de inmediato la presión tributaria sobre el seguro de vida. De acuerdo con la información publicada por elDinero, la normativa reduce gradualmente el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) aplicado a ese producto, pero el alivio total se aplaza hasta 2029.
El dato clave es que, aunque la medida apunta a corregir una carga impositiva sobre el seguro de vida, el propio análisis citado por el medio la describe como un efecto “mixto” sobre la industria. Eso obliga a mirar la reforma no solo como un anuncio de ajuste fiscal, sino también como una decisión con consecuencias diferenciadas para aseguradoras y usuarios.
En ese contexto, el debate no se limita a la reducción gradual del impuesto. También queda pendiente evaluar si el diseño de la ley logrará traducirse en beneficios reales para el mercado y para quienes contratan este tipo de pólizas, o si el alivio llegará demasiado tarde para producir cambios visibles en el corto plazo.
La discusión sobre la Ley 30-26 reabre, además, la necesidad de fiscalizar el plan fiscal en términos de resultados, transparencia e impacto ciudadano. Cualquier modificación tributaria de este alcance debe ser acompañada por seguimiento público que permita verificar cómo afecta a los distintos segmentos del sector asegurador y qué tan efectivo resulta el calendario de aplicación hasta 2029.
Por ahora, lo que deja la nueva normativa es un ajuste gradual con efecto limitado en el presente y una promesa de alivio que todavía tardará varios años en completarse.