República Dominicana se mantiene entre los cinco países de América Latina con las tasas más altas de feminicidios y violencia de género, una situación que vuelve a someter a revisión la eficacia de la respuesta institucional ante una crisis de impacto social sostenido. El año pasado fueron llevados a los tribunales más de 73 mil casos de abusos físicos y mentales, mientras que en lo que va de 2026 se han cometido al menos 30 feminicidios íntimos.
Ese volumen de casos deja ver una distancia entre la dimensión del problema y el alcance de las medidas en curso. El propio panorama descrito obliga a reorientar los esfuerzos públicos y privados, endurecer las sanciones y ampliar, aunque de forma limitada, los refugios destinados a proteger a mujeres bajo amenaza de muerte, en un escenario en el que el Ministerio Público recibe cada año unas 25 mil denuncias-querellas.
La violencia, además, no se expresa solo en agresiones físicas. El texto señala que las políticas vigentes se aplican con baja intensidad frente a patrones culturales arraigados y al uso de espacios tecnológicos para denigrar a la mujer, facilitar el ciberacoso, la agresión moral y la manipulación. En ese marco, la educación surge como una herramienta esencial, pero también como un recordatorio de que la prevención y la protección siguen sin dar resultados acordes con la magnitud de la emergencia.