Colombia entra en la recta hacia las elecciones presidenciales de 2026 con una certeza de fondo: el país dejó atrás los picos más altos de violencia de comienzos de los años 2000 y recuperó control territorial en muchas regiones gracias al impulso del Plan Colombia y otros esfuerzos institucionales. Aun así, ese avance histórico no ha cerrado la discusión sobre seguridad, que vuelve a ocupar el centro de la política nacional.
Ese balance, que reconoce la caída de la violencia, también deja una advertencia sobre el presente. En el gobierno de Gustavo Petro, la política de “Paz Total” ha alimentado el debate, en medio de señalamientos de quienes sostienen que algunos grupos ilegales han usado el proceso para ampliar su control territorial y fortalecer economías ilícitas. El contraste entre los logros acumulados en años previos y las dudas actuales sobre la capacidad del Estado para contener nuevas amenazas ha reactivado la exigencia de vigilancia y rendición de cuentas.
Lo que deja este escenario es que el éxito de una estrategia pasada no asegura respuestas eficaces ante los desafíos de hoy. Con amenazas distintas a las de finales del siglo XX, la discusión ya no pasa solo por acuerdos o enfoques, sino por si la gestión vigente está dando resultados suficientes frente al crimen organizado y el control territorial, dos asuntos que vuelven a pesar en la agenda pública a las puertas de 2026.