La depresión y otros trastornos de salud mental ya dejan una huella económica directa, aunque ese costo siga fuera del radar de la gestión pública. El texto señala que ese sufrimiento se convierte en pérdida de productividad, saturación de la red hospitalaria y empobrecimiento gradual de los hogares, una carga que erosiona el PIB sin quedar reflejada de manera explícita en los indicadores tradicionales ni en el presupuesto estatal.
Con datos de la Organización Mundial de la Salud y el Foro Económico Mundial, la pieza recuerda que los trastornos de salud mental le cuestan a la economía global cerca de 1 billón de dólares al año en pérdida de productividad. Además, insiste en una distorsión menos visible para empresas y trabajadores: por cada dólar perdido por ausentismo, el sector privado asume entre tres y cuatro dólares por presentismo, cuando el empleado continúa en su puesto con su capacidad cognitiva y de decisión severamente reducida por un cuadro depresivo.
A nivel local, el diagnóstico apunta a un doble estrangulamiento institucional: una red pública de atención precaria y la exclusión de la salud mental de la cobertura de la seguridad social. En un mercado laboral con una informalidad que ronda el 50% de la fuerza laboral, una depresión no tratada puede arrastrar a las familias a una mayor precariedad. Frente a esa distancia entre discurso y realidad, el planteamiento central es que la respuesta no puede seguir siendo reactiva: incorporar la salud mental al catálogo de cobertura de la seguridad social y descentralizar la atención desde el primer nivel aparecen como reformas urgentes para reducir un costo social que hoy pagan los ciudadanos sin una respuesta proporcional del Estado.