El Gobierno dominicano, junto a varias instituciones, incluida la Superintendencia de Pensiones (Sipen), avanza en una reforma de la Ley de Seguridad Social 87-01 en el área de pensiones. Sin embargo, la discusión llega acompañada de un antecedente que exige mayor fiscalización: el cambio aplicado en 2019 al esquema de ganancias de las AFP, que pasó a una comisión fija de 0.75% sobre todo el patrimonio administrado.
Desde el inicio del ahorro previsional, cada trabajador aporta el 2.87% de su salario y el empleador agrega el 7.10%, para un total de 9.97% que se deposita en una cuenta de capitalización individual administrada por una AFP. No obstante, con el modelo vigente desde 2019, las administradoras reciben una ganancia segura aun cuando el fondo no alcance un rendimiento alto, e incluso si no produce rendimiento alguno, algo que ha sido señalado como un mecanismo que favorece más a las AFP que a los trabajadores.
Con ese escenario, el impulso oficial a una nueva reforma y la promoción pública de su contenido por parte del superintendente de Pensiones reactivan la alerta sobre el destino del ahorro laboral. El debate, más que centrarse en la difusión de la propuesta, vuelve a colocar sobre la mesa la exigencia de rendición de cuentas sobre un sistema que ya fue modificado en perjuicio de quienes aportan.