La propuesta impositiva limitada impulsada por el Gobierno salió al debate público sustentada en la idea de una presión fiscal marcadamente baja en República Dominicana, ubicada en 14%, por debajo del promedio regional de 21.7% y también del umbral de 15% que estudios económicos consideran como mínimo. Sin embargo, la discusión no se agota en la urgencia de recaudar más: también obliga a revisar con mayor rigor la capacidad del Estado para justificar nuevas cargas y atender las demandas sociales con resultados comprobables.
Dado a conocer el jueves, el paquete fue presentado como un esquema que combina gravámenes y desgravaciones, cambios y suavizaciones para lograr aceptación en sectores importantes de la población. Aun así, el alcance mismo de la propuesta ratifica que una medida de esta naturaleza no puede avanzar sin atravesar liderazgos sociales y políticos, ni sin el contraste de opiniones públicas congresuales, donde deberá ser sometida al escrutinio una decisión de alto impacto económico y social.
El hecho de que sectores no politizados la hayan recibido con una aceptación considerable no elimina la necesidad de vigilar el uso de los recursos públicos ni el derecho de las comunidades y de los intereses legítimos a plantear reparos. Si el Estado pide más ingresos en nombre de su función social, la discusión de fondo pasa por exigir que esa mayor recaudación se traduzca de manera efectiva en servicios y provisiones institucionales para la población, y no solo en un nuevo esfuerzo contributivo sin suficiente rendición de cuentas.