La mayor alerta no se limita al presupuesto del Ministerio de Cultura ni a la agenda anual de actividades. El foco está también en la falta de un gran diálogo nacional sobre la política cultural que necesita la República Dominicana para las próximas décadas. Ese planteamiento reabre un frente de fiscalización sobre la gestión pública: si ese proceso de concertación existe, sus resultados deberían ser conocidos por el país; si no, queda al descubierto una brecha entre el discurso institucional y la construcción real de una política de Estado.
El texto afirma que la cultura no puede quedar definida solo desde los despachos públicos y que el Ministerio de Cultura no debe asumir esa tarea en solitario. Por eso, coloca sobre la mesa una demanda directa de rendición de cuentas al gobierno dominicano: convocar, escuchar y articular consensos con la comunidad artística, las universidades, las academias, el sector empresarial, los gobiernos locales y la sociedad civil, en vez de limitar la gestión a administrar instituciones.
La advertencia también señala el desgaste de un modelo que no consigue traducir la gestión en acuerdos duraderos. Gobernar la cultura, plantea, exige convertir ese diálogo en políticas públicas capaces de superar los períodos gubernamentales. Además, la discusión ya no puede restringirse al territorio insular, en un contexto en que la República Dominicana del siglo XXI rebasa sus fronteras geográficas, lo que refuerza la presión para que las autoridades expliquen qué resultados concretos han producido y con qué nivel de participación ciudadana.