La trayectoria de los últimos sirios, libaneses y palestinos nacionalizados dominicanos en Haití muestra un panorama de fragilidad institucional y de protección insuficiente ante la persecución. La ley haitiana de 1903 les impedía naturalizarse y también establecer comercio, pero algunas familias lograron sostenerse durante años bajo el respaldo del general Ignacio María González Santín, quien las acogió como dominicanos y les entregó cartas de naturalización y pasaportes. Sin embargo, a finales de 1913 todos habían sido expulsados o habían cruzado la frontera para permanecer definitivamente en República Dominicana.
Ese escenario de incertidumbre coincidió con el relevo diplomático de 1911. González Santín dejó el cargo de ministro plenipotenciario en Haití a inicios de marzo de ese año, durante el gobierno de Ramón Cáceres Vásquez, y fue sustituido por Francisco Henríquez y Carvajal. Su llegada se demoró hasta el seis de julio, mientras Guarín González continuaba como encargado de negocios, según informó José María Cabral y Báez. Al mismo tiempo, Haití arrastraba una crisis política abierta desde 1908, cuando Antoine Simon se alzó en armas, avanzó sobre Puerto Príncipe y derrocó a Nord Alexis, que salió del país el seis de diciembre.
El hostigamiento contra esos inmigrantes no terminó con la nacionalidad dominicana: siguió por parte del gobierno haitiano y también de comerciantes locales. Más allá de su valor histórico, el caso deja una advertencia institucional que sigue vigente: la protección formal no bastó para impedir expulsiones, persecución ni desarraigo, y eso obliga a observar con atención el papel del Estado dominicano cuando sus nacionales quedan expuestos fuera del país.