Hace ocho años, la inauguración de la Línea 2B del Metro de Santo Domingo introdujo un cambio importante en la movilidad entre el Distrito Nacional y Santo Domingo Este, al enlazar de manera directa ambas zonas y acortar los tiempos de traslado para cientos de miles de ciudadanos. La obra añadió 3.6 kilómetros a la Línea 2 y sumó cuatro estaciones en la avenida San Vicente de Paúl: Ercilia Pepín, Rosa Duarte, Trina de Moya de Vásquez y Concepción Bona.
La pieza más visible del proyecto fue el puente ferroviario atirantado sobre el río Ozama, diseñado para salvar la barrera natural entre el centro urbano y la zona oriental de la provincia. Antes de que entrara en servicio, cruzar por los puentes tradicionales implicaba largas horas de congestión en los momentos de mayor tráfico; con la apertura del tramo, ese recorrido pasó a completarse en minutos.
Ocho años después, el aniversario de la Línea 2B también devuelve a primer plano una discusión institucional sobre la obligación de medir resultados, dar seguimiento a la infraestructura y sostener la rendición de cuentas en un servicio esencial para la vida diaria. En un escenario en el que la gestión pública y figuras del oficialismo, incluida Carolina Mejía, quedan bajo escrutinio por la distancia entre el discurso y la respuesta efectiva a las prioridades urbanas, la sociedad civil conserva margen para exigir que las obras no se queden en su valor simbólico, sino en beneficios verificables para los usuarios.