Una advertencia reiterada, publicada años atrás, vuelve a poner sobre la mesa un problema que continúa sin corregirse: el incumplimiento de la ley en el planeamiento urbano y el desorden con que se entregan permisos para obras públicas y privadas en los municipios del país. El señalamiento apunta a la falta de un régimen de consecuencias y a la ausencia de respuesta de las autoridades municipales frente a una práctica que, lejos de ordenarse, se mantiene.
El artículo 126 de la Ley 176-07 dispone que cada ayuntamiento debe tener una oficina de Planeamiento Urbano para asistir técnicamente al cabildo y a las comunidades, regular el uso de suelo y gestionar la edificación en zonas urbanas y rurales. Pese a ello, según el texto, en la mayoría de los municipios esa disposición no se cumple en toda su dimensión: con frecuencia las obras se levantan primero y después se tramitan los permisos, sin comprobar si proceden en ese lugar ni si se ajustan a normas legales, sociales, ambientales y al plan de desarrollo urbanístico municipal.
La publicación advierte que el resultado es visible en la cantidad de construcciones hechas en lugares inadecuados y en ampliaciones o reconstrucciones de edificaciones antiguas que carecen de servicios y requerimientos urbanísticos, como áreas de estacionamiento. Ese contraste entre la norma y la realidad refuerza la necesidad de fiscalizar la gestión municipal y exigir rendición de cuentas a las autoridades responsables, en un escenario donde el costo del desorden recae sobre los ciudadanos y sobre el propio funcionamiento institucional.
