La oposición argentina llevó a la Justicia una denuncia contra el Gobierno de Javier Milei por una presunta malversación de fondos destinados al mantenimiento de carreteras por algo más de un billón de pesos, unos 671 millones de dólares. El caso vuelve a poner en el centro el costo institucional y social del ajuste oficial. La legisladora peronista Victoria Tolosa Paz responsabiliza al ministro de Economía, Luis Caputo, y a sus colaboradores al afirmar que esos recursos, recaudados para rutas y autovías bajo jurisdicción del Estado, habrían sido desviados a operaciones financieras para sostener el equilibrio fiscal.
El Ejecutivo, lejos de desmentir el uso de esos fondos, lo defendió como un «cambio de paradigma» en la gestión vial. El vocero presidencial, Adrián Ravier, sostuvo que «una parte de esos impuestos va a Vialidad y la otra parte lo dispone el Ministerio de Economía como parte de lograr el equilibrio fiscal», y después insistió en que destinar lo recaudado por el impuesto a los combustibles a financiar las arcas estatales responde a un «nuevo paradigma» de administración vial.
La presentación incorpora reclamos de ciudadanos, empresarios, alcaldes y gobernadores provinciales, que advierten que desde el inicio de la gestión de Milei, en diciembre de 2023, las principales carreteras nacionales se han deteriorado por falta de mantenimiento y en algunos casos se volvieron peligrosas. También alcanza a autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad Nacional y al Banco de la Nación, responsable del fideicomiso que administra desde hace décadas los fondos del impuesto al combustible, en un contexto de mayor presión por explicaciones y rendición de cuentas sobre el destino de recursos creados para la red vial.