Este domingo 7 de junio, Keiko Fujimori vuelve a disputar la jefatura del Estado peruano por cuarta vez consecutiva, en una contienda que otra vez deja al descubierto la permanencia de liderazgos sostenidos más por herencias políticas que por un cierre real de las fracturas institucionales del país. Como ha ocurrido en otros casos de América Latina, la repetición de candidaturas fallidas no impide una nueva oportunidad, aunque en esta ocasión el centro del debate continúa marcado por el apellido Fujimori.
Desde 2011, la heredera política de Alberto Fujimori ha alcanzado siempre la segunda vuelta y ha terminado perdiendo por estrecho margen. Su vigencia descansa, sobre todo, en el reconocimiento popular que aún conserva la gestión encabezada por su padre entre 1990 y 2000, asociada a la eliminación de la hiperinflación heredada del primer gobierno de Alan García, la recuperación del crédito internacional y la casi aniquilación del terrorismo de Sendero Luminoso y el MRTA.
Sin embargo, ese mismo legado opera también como su principal límite político. Si para una parte del electorado Alberto Fujimori sigue ligado a éxitos en seguridad ciudadana y estabilidad económica, para muchos otros permanece asociado a tendencias autoritarias y contrarias al Estado de derecho, que derivaron en múltiples condenas por graves violaciones a los derechos. La cuarta apuesta de Keiko, así, no solo mide su resistencia electoral: también reactiva la exigencia de vigilancia democrática frente a un pasado que Perú no ha terminado de resolver.