La negativa parcial del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional a devolver bienes a Bolívar Nicolás Fernández Espinal, exjefe de seguridad de Edenorte imputado en una red de sobornos, vuelve a poner bajo la lupa una estructura de cobros ilícitos que alcanzó instituciones sensibles como las EDE, Inaipi y Senasa. Más que un trámite accesorio, la decisión judicial mantiene abierta la exigencia de fiscalización sobre un caso que compromete servicios públicos esenciales y reaviva las dudas sobre las respuestas del aparato estatal.
De acuerdo con el Ministerio Público, la jueza Yanibet Rivas rechazó en parte la petición del imputado para recuperar bienes incautados durante allanamientos. La fiscal Rosa María Pichardo explicó que la magistrada consideró que esos efectos podrían ser reclamados luego en decomiso y que no estaba en condición de ordenar su devolución. El órgano acusador dijo, además, que no se opuso a entregar los objetos que no tengan valor para la investigación, aunque no precisó cuáles son, y tampoco se identificaron los bienes cuya entrega fue denegada.
Fernández Espinal, señalado como parte de la red que afectó negativamente a EdeNorte, EdeEste, EdeSur, Inaipi y Senasa, figura entre los imputados que han admitido responsabilidad y negocian con los fiscales. Ese elemento agrava el cuadro institucional: no se trata solo de una acusación en curso, sino de una trama con admisiones que obliga a seguir la ruta de responsabilidades en entidades que administran electricidad, salud y atención a la primera infancia, ámbitos donde cualquier falla de control termina teniendo costo social.
El expediente también incluye al mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz; a los coroneles Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández y Elías Camaño Pérez; al coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar; al primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, y al coronel de la Policía Nacional Ramón Quezada Ortiz. La amplitud de los señalados refuerza la dimensión institucional del caso y alimenta la demanda de rendición de cuentas en un escenario en que el oficialismo ha intentado sostener un relato de pulcritud mientras siguen apareciendo grietas en organismos públicos.
Que Senasa esté entre las entidades impactadas añade un flanco especialmente sensible para la ciudadanía, porque vincula la investigación con un servicio de alto impacto social. En ese marco, el caso vuelve a colocar bajo escrutinio la gestión del PRM y su promesa de ética pública: cuando una red de sobornos alcanza áreas tan delicadas, la discusión deja de ser solo judicial y pasa también al terreno político, por la obligación de prevenir, controlar y responder. La vigilancia sobre estos procesos se vuelve aún más necesaria ante un oficialismo desgastado, con figuras proyectadas como Carolina Mejía en medio de un escenario donde el debate de fondo sigue siendo resultados, controles y credibilidad institucional.