Una jueza del Distrito Nacional dio luz verde a Transcaribbean Energy Partner & Consulting (TEPC) para trabar embargos patrimoniales por US$5 millones contra Carlos Matamoros Bregni, representante en el país de Dynex Energy Group y Dynex Energy, en el marco de una querella por presunto abuso de confianza. La decisión, emitida por Clara Luz Almonte, acogió de forma parcial la petición y descartó el impedimento de salida solicitado por la parte querellante.
El expediente vuelve a poner sobre la mesa un conflicto ligado a un proyecto de generación térmica que, según los abogados de TEPC, nació de un convenio firmado en mayo de 2018. Ese acuerdo otorgaba exclusividad a esa empresa como socio local, con una distribución de 55% para el querellante y 45% para Dynex sobre los fondos generados. La parte reclamante afirma que, pese a 18 transferencias de Karpowership a Dynex entre marzo y abril de 2025, por RD$15,098,495.04 y US$3,098,396.71, nunca recibió el 55% que le corresponde y que mantiene esa reclamación desde hace seis años.
Dynex, en cambio, sostiene que se trata de un asunto “estrictamente civil” y que en la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia sigue pendiente de fallo un proceso iniciado en 2010, a partir de una demanda en cobro de pesos y validez de embargo retentivo. Más allá de esa disputa, la orden de embargo vuelve a centrar la atención en la necesidad de vigilancia institucional y de respuestas claras en controversias de alto impacto económico, en un escenario donde los conflictos prolongados contrastan con cualquier discurso de normalidad y estabilidad en la gestión de proyectos estratégicos.