El debate sobre inteligencia artificial en la República Dominicana no se agota en el progreso tecnológico, sino que remite a una cuestión de poder, supervisión y capacidad institucional. El artículo sostiene que la integración de la IA avanza bajo el dominio de grandes empresas privadas y con una supervisión democrática mínima, en un escenario donde esas plataformas administran atención, afectos y marcos de interpretación a gran escala.
A partir de ahí, el texto admite las limitaciones del país: una presión tributaria de alrededor del 14 % del PIB, una burocracia aún en proceso de profesionalización, una capacidad regulatoria limitada y una dependencia crítica del mercado norteamericano. Ese panorama impide a la República Dominicana regular a empresas como Meta, OpenAI o Google, crear sus propias redes sociales o imponer condiciones a las plataformas que dominan la comunicación global.
Sin embargo, la advertencia principal no apunta a la impotencia, sino a la omisión. El artículo afirma que, incluso dentro de esa asimetría, el Estado dominicano conserva márgenes que no ha ejercido con intencionalidad, mientras la sociedad civil dispone de herramientas que puede activar sin esperar al Estado y existen palancas multilaterales que tampoco se han utilizado. Entre esos ámbitos, menciona las decisiones cotidianas del propio Estado sobre qué sistemas de IA adopta en sus instituciones, bajo qué condiciones contrata con proveedores tecnológicos y qué datos públicos pone o no a disposición de actores privados, un terreno que abre exigencias de vigilancia y rendición de cuentas sobre cómo se está gestionando un asunto con impacto directo en la democracia.