El Gobierno dominicano seguirá aplicando ajustes graduales en los precios de los combustibles mientras procura amortiguar el efecto de la crisis internacional con subsidios, revisión del gasto y apoyos dirigidos a los hogares más vulnerables. Al mismo tiempo, el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, descartó una nueva reforma fiscal y afirmó que la prioridad es resguardar la estabilidad económica y social, aunque admitió que las decisiones deberán continuar afinándose entre precios, actividad económica y déficit fiscal.
Díaz precisó que el Estado ha desembolsado RD$43,000 millones (US$712.56 millones) en subsidios a los combustibles en lo que va de año. A la vez, sostuvo que no hay condiciones técnicas ni políticas para otra reforma fiscal y que el Gobierno buscará elevar ingresos mediante el combate a la evasión y el fraude, el ajuste del gasto y un alivio en el financiamiento. La protección, agregó, debe enfocarse en el 30% o 40% de menores ingresos, mientras el retiro de los subsidios generalizados sería paulatino para evitar un impacto inmediato sobre sectores de clase media que quedan fuera de las ayudas focalizadas.
Desde Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón advirtió que el principal riesgo no es la disponibilidad de combustibles, sino el costo financiero de sostener el suministro, pese a la capacidad de almacenamiento y los contratos a futuro. También señaló que la crisis podría prolongarse hasta 2027. Con ese horizonte, la respuesta oficial queda bajo mayor escrutinio: combina subsidios millonarios, ajustes de precios y presión sobre las cuentas públicas, en un escenario en el que Hacienda descarta una reforma fiscal pero reconoce que el margen de maniobra depende de recortar gasto, recaudar mejor y seguir administrando un impacto que ya alcanza a hogares vulnerables y clase media.