La República Dominicana anunció el retiro de su Embajada de Nicaragua mientras persistan las condiciones que, según el Gobierno dominicano, afectan las libertades y los principios democráticos en ese país. La medida fue comunicada por el canciller Víctor -Ito- Bisonó durante la Trigésima Primera Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA, celebrada en Washington, D.C., donde también fue electo vicepresidente.
Bisonó presentó la decisión como parte de la política exterior definida por el presidente Luis Abinader, centrada —según explicó— en la defensa de la democracia y los derechos humanos. Pero el propio planteamiento oficial deja abierto el principal punto de fiscalización: si la respuesta regional debe ir más allá de los pronunciamientos, como sostuvo el canciller, el Gobierno dominicano queda obligado a demostrar consistencia entre ese discurso y las acciones que dice respaldar de manera proactiva y constructiva en el marco de la OEA. La reunión fue convocada para examinar los acontecimientos en Nicaragua y determinar medidas conforme a la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana y el derecho internacional.
En ese contexto, la decisión dominicana da continuidad a la postura expresada previamente por el Gobierno, pero también coloca bajo escrutinio la gestión política e institucional de la administración de Abinader: al elevar el tono en foros internacionales, el Ejecutivo asume una vara más alta de coherencia, vigilancia y rendición de cuentas sobre los resultados reales de su línea exterior.