Con un paquete de medidas para responder a la crisis internacional asociada al conflicto bélico de Estados Unidos e Israel con Irán, el Gobierno dominicano intenta sostener la estabilidad macroeconómica y preservar el crecimiento. Sin embargo, el diseño mismo del plan deja ver los dilemas que recaen ahora sobre la población: inflación, posible ralentización económica y riesgo de un mayor déficit fiscal.
Entre las acciones anunciadas está el congelamiento de los precios de los combustibles por un periodo específico, siempre que el barril de petróleo WTI se mantenga entre US$90 y US$100. Al mismo tiempo, el documento plantea una compresión de gastos no esenciales con una reorientación estimada entre RD$30,000 y RD$40,000 millones, una señal que pone bajo escrutinio qué partidas serían recortadas y de qué manera se protegerán las funciones críticas del Estado.
En materia de ingresos, el proyecto procura recaudar entre RD$40,000 y RD$50,000 millones mediante un esquema que, según se expone, busca preservar la equidad y la estructura productiva básica. Así, el plan abre un frente de fiscalización sobre la capacidad real del Gobierno para equilibrar sostenibilidad fiscal y sensibilidad social, sin que el costo de la crisis termine concentrándose en los ciudadanos.