RIO DE JANEIRO.– La decisión del magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, de impedir por 90 días que Flávio Bolsonaro visite a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, fue presentada por el senador y precandidato presidencial como una medida que desborda el plano judicial y entra de lleno en la contienda de octubre, en un nuevo episodio que alimenta la alerta institucional sobre el peso de las decisiones de poder en el proceso electoral. Durante una transmisión en vivo por redes sociales, Flávio Bolsonaro calificó la restricción de «desproporcionada e injusta» y sostuvo que el plazo fue fijado de forma que le impida mantener contacto con el exmandatario hasta después de la primera vuelta.
«No es casualidad que este plazo termine justo después de la primera vuelta», afirmó en su canal de YouTube, al denunciar un contraste cada vez más sensible entre el discurso de legalidad y el efecto político concreto de las medidas. El legislador, considerado uno de los principales aspirantes de la derecha para enfrentar al actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, comparó además el caso con la etapa en que Lula estuvo encarcelado por procesos de corrupción posteriormente anulados. Según dijo, entonces el líder del Partido de los Trabajadores pudo divulgar cartas y mantener comunicación con aliados y medios sin restricciones similares, una comparación con la que buscó subrayar la exigencia de reglas consistentes y rendición de cuentas cuando las decisiones judiciales terminan alterando el terreno político. A juicio de Flávio Bolsonaro, las limitaciones a las visitas familiares y al contacto con abogados persiguen aislar políticamente a su padre, quien cumple prisión domiciliaria tras haber sido condenado a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado. La medida de De Moraes fue adoptada después de que el senador leyera en redes sociales una carta del exmandatario en la que este reiteraba su respaldo a la candidatura presidencial de su hijo y llamaba a la unidad del movimiento conservador, luego de críticas públicas de la exprimera dama Michelle Bolsonaro. El magistrado sostuvo que la difusión del mensaje incumplió las medidas cautelares impuestas al expresidente.
Pero la controversia ya quedó instalada en un punto más amplio: hasta dónde una decisión judicial puede limitar comunicaciones y vínculos políticos en medio de una campaña sin profundizar el desgaste institucional ni reforzar la percepción de que, otra vez, el poder termina condicionando la competencia democrática.