La demanda de justicia por el caso de Miguel Parra, migrante mexicano de 48 años gravemente herido en Houston, puso otra vez bajo la lupa el uso de la fuerza en operativos migratorios y la necesidad de un control institucional sobre actuaciones que terminan con un alto costo humano. Parra fue arrollado por una camioneta del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) cuando iba camino a su trabajo, y su familia pidió a las autoridades locales que intervengan para evitar que sea llevado a un centro de detención antes de completar su recuperación.
De acuerdo con César Espinosa, director ejecutivo de Immigrant Families and Students in the Fight (FIEL), el episodio ocurrió el sábado por la mañana, cuando agentes del ICE que se desplazaban en una camioneta negra sin identificación interceptaron a Parra. Un video de una cámara de seguridad difundido por medios locales muestra que el migrante detuvo su vehículo, bajó y corrió, mientras la camioneta lo perseguía, giraba y finalmente lo golpeaba por la espalda.
El asunto pasó de una denuncia familiar a una alerta institucional. Parra sigue internado en un hospital de la zona de Katy con fracturas en ambas piernas y lesiones en la cadera y un tobillo; ya fue operado y tiene otra cirugía pendiente, según Espinosa. En paralelo, el fiscal de distrito del condado de Harris, Sean Teare, abrió una investigación independiente y dijo que está preparado para presentar cargos penales contra el agente federal involucrado, al considerar que el atropello fue intencional y que podría constituir agresión agravada con un arma mortal bajo la legislación de Texas.