La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) puso este lunes bajo la lupa a los poderes públicos y órganos del Estado por la falta de ejecución efectiva de sentencias del Tribunal Constitucional. A juicio de la entidad, no basta con que existan decisiones definitivas si no generan consecuencias jurídicas reales, especialmente cuando su cumplimiento llega tarde o resulta insuficiente.
El vicepresidente ejecutivo de Finjus, Servio Tulio Castaños, señaló que estas situaciones deben afrontarse con firmeza, al recordar que la Constitución, en su artículo 184, dispone que las decisiones del Tribunal Constitucional son definitivas, irrevocables y vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado. En ese sentido, subrayó que no se trata de una recomendación para las autoridades, sino de un límite directo al ejercicio del poder público.
Finjus insistió en que la independencia funcional de las instituciones no puede traducirse en un margen discrecional frente a disposiciones constitucionales. A su entender, acatar una sentencia del Tribunal Constitucional no supone subordinación política entre poderes, sino sometimiento común a la norma suprema, una advertencia que vuelve a colocar el foco en la distancia entre el discurso institucional y la ejecución real de decisiones que inciden en el funcionamiento del Estado de derecho.