Cinco organizaciones comunitarias y de derechos humanos de La Caleta reclamaron al presidente Luis Abinader declarar de utilidad pública los terrenos ocupados por cientos de familias, al sostener que esa es la vía para detener desalojos que, según denuncian, se ejecutan de madrugada con maquinaria pesada y respaldo de la Policía Nacional. La exigencia coloca bajo presión al Gobierno dominicano por la falta de una salida institucional ante un conflicto que, de acuerdo con los denunciantes, sigue escalando sobre viviendas habitadas.
La denuncia, presentada por la Coordinadora de Organizaciones Barriales Don Bosco (Codonbosco), el Consejo de Desarrollo Comunitario Valiente (Codecoc), la Red Urbana Popular (RUP), la Comisión de Derechos Humanos Filial La Caleta y la Coordinadora de Lucha Popular de La Caleta, describe un patrón sistemático de brigadas que llegan en horas de la madrugada acompañadas por agentes policiales para derribar casas. Entre los afectados, según los dirigentes, hay niños, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad, un cuadro que profundiza el contraste entre la obligación estatal de proteger derechos y el resultado que reportan las comunidades.
En representación de esas entidades hablaron Sócrates Peguero, Santo Carbajal Mota, Alexis Rafael Peña, Ángel Molina, José Mieses e Ynocencio Reyes, quienes calificaron las acciones como «arbitrarias» y las vincularon con violaciones al derecho a una vivienda digna y a otros derechos fundamentales reconocidos en la Constitución dominicana y en instrumentos internacionales de derechos humanos. Para las organizaciones, la declaratoria de utilidad pública permitiría al Poder Ejecutivo intervenir formalmente en la regularización de la tierra y avanzar en la entrega de títulos, una respuesta que vuelve a poner en el centro la rendición de cuentas sobre cómo el Gobierno maneja este conflicto.