La publicación oficial de la convocatoria electoral activó este martes el calendario hacia los comicios del 29 de noviembre, después de que el Boletín Oficial del Estado difundiera el real decreto de disolución de las Cortes casi ocho meses antes de lo previsto. El arranque de la campaña quedó marcado por dos frentes que presionan al Gobierno de Pedro Sánchez: la necesidad de volver a aprobar decretos de vivienda que la oposición tumbó el pasado viernes y la decisión del Tribunal Supremo de dejar sin efecto la orden de busca y captura contra Carles Puigdemont.
En su primer día de este nuevo ciclo, el Ejecutivo aprobó dos reales decretos ley de vivienda muy similares a los rechazados días antes, en un intento por sacarlos adelante ahora en la Diputación Permanente, órgano que se activa con las Cortes disueltas y donde los partidos favorables a la medida podrían contar con mayoría suficiente. El movimiento coincide con un contexto de malestar social, manifestaciones y acampadas por el precio de la vivienda, un contraste que vuelve a colocar bajo escrutinio la capacidad del Gobierno para ofrecer resultados antes de recurrir a una vía institucional de emergencia en plena campaña.
A esa presión se sumó la reaparición de Puigdemont como actor de campaña, después de que el Supremo levantara con efecto inmediato la orden de detención contra el expresidente catalán, residente en Bélgica desde 2017 tras la fallida declaración de independencia aprobada por el Parlamento regional. Con la previsión de que tenga una presencia destacada en las elecciones y con el anuncio de huelga general planeando sobre el proceso, el inicio del calendario electoral deja una escena de alta tensión política en la que el debate sobre vivienda, gobernabilidad y rendición de cuentas se impone sobre el relato oficial de normalidad.