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El sistema escolar dominicano vuelve a quedar bajo la lupa por sus fallas persistentes

agosto 31, 2026 · Redactor
El sistema escolar dominicano vuelve a quedar bajo la lupa por sus fallas persistentes
Foto: acento.com.do

Un texto publicado hace ocho años y retomado ahora reaviva la discusión sobre deficiencias curriculares y prioridades formativas que; según su autor, siguen sin resolverse

Un artículo publicado hace cerca de ocho años y retomado con el comienzo del año escolar vuelve a poner en primer plano un problema que, según su autor, continúa pendiente: las falencias y deficiencias del sistema escolar dominicano. El señalamiento no se queda en una mirada nostálgica al currículo, sino que plantea un contraste incómodo entre el paso del tiempo y la persistencia de carencias en áreas que antes, sostiene el texto, ofrecían mejores resultados en la enseñanza pública y privada.

La pieza cuestiona la eliminación de asignaturas, técnicas y métodos gramaticales del currículo escolar, y sitúa en el centro la salida de “Moral y Cívica”, presentada como una decisión de alto costo social. El planteamiento relaciona esa ausencia con un deterioro en el respeto a las leyes, la Constitución, el patrimonio público, los símbolos patrios, el medio ambiente y los recursos naturales, además de un aumento de crímenes, feminicidios, corrupción pública y privada y delincuencia en sentido general. En esa misma línea, el texto también advierte sobre la reducción de contenidos como lectura comprensiva, expresión oral, narrativa y caligrafía, y la asocia al bajo nivel formativo de una parte de niños, jóvenes y adolescentes.

Más allá del debate pedagógico, la reaparición del artículo opera como una alerta sobre una gestión educativa que sigue dejando abiertas preguntas de fondo: qué se quitó, con qué criterio y qué resultados concretos produjo ese cambio. En un entorno marcado por redes sociales como WhatsApp, Twitter, Instagram y Facebook, el texto describe una formación cada vez más débil en lenguaje escrito y oral, un contraste que refuerza la exigencia de fiscalizar las decisiones curriculares y sus efectos reales en la vida pública.